Peligros de las políticas de subsidios del GLP

La discusión sobre la formación de precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) siempre ha formado parte del escenario latinoamericano, y actualmente está más acalorado que nunca. El aumento de los precios de referencia a nivel internacional, especialmente el Mont Belvieu (Texas, EE.UU.), junto con la devaluación de la moneda de los países latinoamericanos frente al dólar, se traduce en un aumento de la materia prima. Esto hace que los gobiernos y las autoridades de la región intenten buscar alternativas para proteger a los estratos más vulnerables de la población.

Esta discusión sobre el precio del GLP se vuelve más latente en tiempos de crisis como el que estamos viviendo por la pandemia del Covid-19. Un informe conjunto difundido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en noviembre de 2020, concluye que la recuperación del mercado laboral post pandemia llevará años y requerirá del apoyo de los gobiernos involucrados. Para tener un parámetro, en el segundo trimestre de 2020 se perdieron 47 millones de puestos de trabajo en la región.

Ante este escenario, las autoridades de los países buscan alternativas para garantizar el acceso a combustibles más limpios para la población de bajos ingresos y, en este sentido, hemos identificado algunas alternativas que se adoptan. Podemos destacar dos tipos de subsidios: el total, que beneficia a la población en general, y el subsidio focalizado, con un precio especial para personas vulnerables registradas en los programas gubernamentales.

En el gráfico a continuación (*) vemos una comparación de las políticas aplicadas en la región, donde tenemos a Ecuador con un subsidio generalizado, seguido por Argentina con un subsidio que llega a cerca del 50% de la población que usa GLP.

Las políticas de subsidio, por supuesto, distorsionan los mercados y, consecuentemente, en lugar de proteger al consumidor más necesitado generan riesgos. Esto se debe a que el nivel de asistencia aplicado, en la mayoría de los casos, no remunera el capital empleado por las empresas que desafortunadamente no pueden asegurar un margen mínimo de inversión en seguridad, lo que redunda en una mejora continua del servicio prestado por las envasadoras.

(*) Extraído de “Benchmark del mercado de GLP envasado em América Latina”.

En este momento se puede observar que el mercado argentino de GLP viene sufriendo estas distorsiones, donde la remuneración de las empresas, garantizada por el Gobierno a través de un subsidio, no puede garantizar el rendimiento mínimo para inversiones continuas en la seguridad de los cilindros en circulación en el mercado. Esto, a corto plazo, puede no ser notorio, pero tiene un efecto perverso en el largo plazo, donde la inversión en mantenimiento y reemplazo de cilindros que estarán fuera de los estándares actuales será enorme y consumidor, una vez más, será el más afectado.

Claramente, en la región tenemos un problema con los ingresos y no con el precio del GLP, ya que cada país debe fluctuar según su realidad, de importador o exportador. Entendemos que los precios deben ser libres. Sin embargo, al aplicar una política de subsidio focalizado, este dinero/beneficio debe tener un destino específico, es decir, que el consumidor sólo pueda utilizar el monto destinado a la compra de gas. Eso evita desvíos y desconocimientos por parte de la población, que sabe exactamente lo que está obteniendo y dónde lo puede gastar. Otro punto importante es que los gobiernos dialoguen con el sector privado con el objetivo de evitar distorsiones en la remuneración de la cadena de suministro que generan falta de inversiones en seguridad y, como consecuencia, incrementan los riesgos de la población.

Por Diego Ciufici N. Alves.
Director Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP).

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